NOTICIACRISTIANA.COM.- Christian Solidarity Worldwide (CSW) ha alzado la voz ante la desaparición forzada de ocho personas entre el 4 y 5 de abril en la vereda Agua Bonita, municipio de Calamar, Guaviare, Colombia.
Este grupo incluyó a siete líderes y miembros activos de iglesias evangélicas, como la Alianza Evangélica de Colombia (DEAC) y la Iglesia Cuadrangular (ICCG). Según CSW, las víctimas «respondieron a citaciones personales emitidas por un grupo armado ilegal», lo que llevó a su desaparición.
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Impacto en la comunidad de Colombia
Cuando las familias intentaron buscar respuestas, enfrentaron el silencio y luego las amenazas de los grupos armados: “Dijeron que no se investigara más, que dejaran el caso por cerrado”. Este tipo de intimidación se suma al trauma de perder a sus seres queridos.
Las víctimas no eran extraños en la comunidad; eran figuras espirituales y líderes sociales.
Por ejemplo, Isaíd Gómez y Maribel Silva, ambos predicadores, dejaron a dos hijos pequeños. Maryuri Hernández, quien acudió a la citación, dejó a su hija de cinco años al cuidado de su esposo. Nixon Peñalosa, presidente de la Junta de Acción Comunal y tesorero de la DEAC, era un líder clave. También figura James Caicedo, un ex pastor de la ICCG que continuaba desempeñándose como líder espiritual.
“No es la primera vez”
Para muchos, esta tragedia no es un evento aislado en Colombia. Según CSW, estas personas ya habían huido del departamento de Arauca en el pasado debido a amenazas y ataques contra pastores y cierres de iglesias. Sin embargo, “hoy sus vidas y las de sus familias vuelven a estar en peligro”, señala la organización.
El pastor Fabián Cárdenas, presidente de la DEAC, y el alcalde de Calamar, Farid Castaño, pidieron la intervención inmediata del gobierno nacional. “Exigimos que se convoque al Consejo de Seguridad y se investigue a fondo este caso”, señaló Cárdenas, añadiendo que hasta la fecha las autoridades han hecho caso omiso.
Scot Bower, director ejecutivo de CSW, dirigió un mensaje al presidente Gustavo Petro: “Pedimos que se tomen medidas urgentes para localizar y garantizar el bienestar de estas ocho personas.
La violencia creciente en Guaviare y otras zonas afecta gravemente los derechos humanos, incluida la libertad religiosa”. Bower enfatizó que “la comunidad internacional debe prestar atención y presionar por justicia”.
Desde el 9 de abril, las comunidades cristianas en la región se han mantenido en oración constante. Una fuente cercana a CSW expresó: “Aunque confiamos en la justicia de Dios, tememos por lo que pueda pasar”.
A pesar del miedo, las iglesias en Colombia continúan clamando por justicia, enfrentando el desafío de mantener viva su fe en circunstancias adversas.
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