NOTICIACRISTIANA.COM.- En un contexto de creciente represión en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha intensificado las restricciones contra figuras religiosas prominentes.
Recientemente, dos líderes religiosos enfrentaron la prohibición de ingresar al país, lo que ha generado preocupación en las comunidades religiosas y organismos internacionales.
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El caso de Jocksan Galeano Ulloa
El pastor bautista Jocksan Galeano Ulloa, secretario general de la Convención Bautista de Nicaragua, fue bloqueado al intentar regresar al país tras participar en un evento en Panamá.
Según declaraciones del propio Galeano, esta acción del gobierno de Ortega representa una clara violación de sus derechos fundamentales. «No hay justificación para impedir mi ingreso. Esto es un ataque directo a nuestra labor pastoral y a la libertad religiosa», afirmó el líder bautista.
La situación de Jalder Hernández
De manera similar, el sacerdote católico Jalder Hernández, párroco de la iglesia Santiago Apóstol en Jinotepe, fue rechazado al intentar regresar de una misión pastoral en Estados Unidos.
Hernández expresó su preocupación por el impacto de estas medidas en la comunidad religiosa. «Esto no solo me afecta a mí, sino a toda la iglesia y a los fieles que dependen de nuestra guía espiritual», comentó el sacerdote.
Estrategia preocupante del Régimen de Ortega
Estos incidentes no son aislados. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las restricciones contra líderes religiosos forman parte de una estrategia más amplia de control y represión que afecta a diversos sectores de la sociedad nicaragüense.
La CIDH ha instado al régimen de Ortega a respetar los derechos humanos y garantizar la libertad religiosa en el país.
Hasta marzo de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU había documentado 259 casos de nicaragüenses a quienes se les negó la entrada a su país, 114 de ellos entre marzo de 2024 y marzo de 2025.
Sin embargo, se estima que existe un subregistro, ya que muchas víctimas temen denunciar por posibles represalias del régimen de Ortega contra sus familias o propiedades en Nicaragua.
Organismos internacionales y líderes religiosos han condenado estas acciones, calificándolas como un ataque a la libertad religiosa y a los derechos humanos. «Es inaceptable que en pleno siglo XXI se sigan implementando medidas que violan derechos fundamentales», declaró un portavoz de la CIDH.
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