NOTICIACRISTIANA.COM.- Grupos cristianos y defensores de personas con discapacidad están expresando su rechazo ante un informe del gobierno británico que sostiene que la legalización del suicidio asistido para enfermos terminales podría ahorrar hasta 79 millones de dólares (£59,6 millones) anuales al Servicio Nacional de Salud (NHS).
El informe, encargado por el Departamento de Salud y Asistencia Social, analiza el impacto financiero del proyecto de ley Terminally Ill Adults (End of Life) Bill, propuesto por la parlamentaria Kim Leadbeater. Según el estudio, reducir la expectativa de vida mediante suicidio asistido ahorraría costos en ambulancias, hospitalizaciones, consultas médicas, cuidados paliativos y medicamentos.
La proyección parte del supuesto de que los pacientes optarían por el suicidio asistido dos meses después de haber sido diagnosticados con una enfermedad terminal de seis meses. Esto eliminaría hasta cuatro meses de costos por paciente, estimados en unos $22,000 (£16,500), según el informe gubernamental.
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Ética en cuestión y vulnerabilidad ignorada respecto al suicidio asistido
Críticos del proyecto, como el Christian Institute, denuncian que el análisis se enfoca en el ahorro económico en lugar de en el cuidado humano. “Este proyecto desvía fondos del cuidado hacia la muerte”, dijo Ciarán Kelly, director de la institución.
Baronesa Tanni Grey-Thompson, exparalímpica y activista por los derechos de las personas con discapacidad, advirtió que este enfoque podría poner en riesgo a individuos vulnerables. “Incentivar económicamente el suicidio asistido envía un mensaje alarmante”, afirmó.
Riesgos legales y falta de garantías
Expertos en derecho también han levantado preocupaciones sobre la compatibilidad del proyecto con los derechos humanos. Los abogados Tom Cross K.C. y Ruth Kennedy argumentan que el proyecto no contempla salvaguardas suficientes para personas con discapacidad o condiciones de salud mental, lo cual violaría el Artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
El informe reconoce que los discapacitados podrían sentirse una carga incluso sin presión externa, debido a barreras actitudinales o falta de servicios adecuados. Sin embargo, el proyecto no prohíbe que personas con condiciones mentales accedan al suicidio asistido ni impone medidas adicionales de protección.
Sin rol para la familia ni protección institucional
El proyecto tampoco exige que familiares o cuidadores sean informados ni considerados durante el proceso. Además, aunque médicos y enfermeras pueden optar por no participar, las instituciones como hospicios o residencias no gozan del mismo derecho, lo que podría obligarlas a facilitar muertes asistidas en contra de sus convicciones religiosas.
La viabilidad práctica del proyecto también ha sido cuestionada. Según cifras oficiales, el 76% de los profesionales de cuidados paliativos se niegan a participar en suicidios asistidos, y un 14% está indeciso. En general, solo el 35% del personal sanitario estaría dispuesto a colaborar.
El caso de Canadá como advertencia
La actriz y activista Liz Carr ha sido una de las voces más críticas. En su documental de la BBC Better Off Dead?, advirtió sobre el riesgo que corren las personas con discapacidad si se aprueba la ley. Citó el ejemplo de Canadá, donde el suicidio asistido se amplió a casos de pobreza o enfermedades mentales, y personas vulnerables terminaron optando por la muerte por falta de apoyo, no por verdadera elección.
El proyecto de ley tendrá su segunda lectura y posible votación final en la Cámara de los Comunes este viernes. Opositores esperan que el Parlamento rechace lo que consideran una propuesta peligrosa e inmoral.
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