NOTICIACRISTIANA.COM- Un juez del estado de Utah declaró en desacato al fiscal encargado del caso contra Tyler Robinson, acusado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, tras determinar que realizó declaraciones públicas que violaban una orden de confidencialidad previa al juicio. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición de la defensa de excluir la pena de muerte como posible condena.

La decisión fue emitida por el juez Tony Graf, quien concluyó que los comentarios realizados por el fiscal Christopher Ballard a varios medios de comunicación sobre un informe balístico y la fortaleza del caso de la acusación podían influir de manera indebida en los futuros integrantes del jurado.

Según el fallo, las declaraciones del fiscal transmitían una opinión sobre la culpabilidad del acusado, lo que representaba un riesgo de afectar la imparcialidad del proceso judicial.

A pesar de ello, el juez consideró que la sanción solicitada por la defensa —impedir que la fiscalía buscara la pena capital— era excesiva para la falta cometida.

Graf indicó que durante la selección del jurado evaluará medidas adicionales para reducir cualquier posible impacto de las declaraciones públicas. Asimismo, autorizó que la defensa recupere los gastos legales derivados del procedimiento por desacato.

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Cargos por asesinar a Charlie Kirk

Tyler Robinson enfrenta cargos de asesinato agravado, uso delictivo de arma de fuego, obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y la comisión de un acto violento en presencia de un menor, relacionados con el tiroteo que acabó con la vida de Charlie Kirk en un campus universitario de Utah el pasado mes de septiembre. Hasta el momento, el acusado no ha presentado una declaración formal de culpabilidad o inocencia.

La controversia surgió después de que Ballard comentara ante la prensa un informe balístico mencionado por la defensa. La fiscalía defendió su actuación y calificó de «absolutamente desproporcionada» la solicitud de retirar la pena de muerte del caso, mientras que la defensa propuso sanciones alternativas, como exigir al fiscal capacitación profesional o remitir el asunto al colegio de abogados estatal.

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