NOTICIACRISTIANA.COM- Un grupo de cristianos en Indonesia exige que las autoridades investiguen y lleven ante la justicia a un hombre que irrumpió armado con un machete en un servicio religioso y amenazó con derramar sangre si la congregación continuaba reuniéndose
. El incidente ocurrió el 20 de septiembre en la aldea de Mekarsari, en la isla de Java, donde unos 40 creyentes de la Iglesia Cristiana Protestante Indonesia (GKPI) participaban en un culto.
Según el medio Morning Star News, cuatro musulmanes interrumpieron la reunión. Uno de ellos, identificado como Aji Cahyono Putra, de 29 años, apareció con un machete y exigió el cierre definitivo del lugar.
«Si no cierran esto, habrá derramamiento de sangre», advirtió, provocando que los asistentes abandonaran inmediatamente el recinto.
Esa misma noche, se celebró una mediación en la que Aji pidió disculpas y explicó que llevaba el arma después de cortar hierba para su ganado y participar en un evento cultural islámico. Inicialmente, los representantes de la iglesia aceptaron las disculpas y descartaron emprender acciones legales.
Sin embargo, horas después, las autoridades ordenaron cerrar la denominada casa de oración, alegando que el espacio era demasiado pequeño. Como consecuencia, los cristianos tuvieron que celebrar su siguiente servicio, el 27 de septiembre, en viviendas particulares.
El representante del Ministerio de Asuntos Religiosos, Gugun Gumilar, condenó las amenazas y afirmó que la congregación tenía autorización para reunirse allí. También recordó que la legislación indonesia contempla sanciones por perturbar los servicios religiosos.
Tras el cierre, organizaciones cristianas y de derechos humanos reclamaron que el caso no quede impune. Bonar Tigor Naipospos, del Instituto Setara para la Democracia y la Paz, advirtió que la falta de consecuencias podría transmitir la impresión de que quienes pertenecen a la mayoría religiosa están por encima de la ley.
Amnistía Internacional en Indonesia pidió continuar las investigaciones, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos calificó lo sucedido como una vulneración de la libertad religiosa.
Su presidenta, Anis Hidayah, sostuvo que ninguna cuestión administrativa justifica la violencia ni la persecución contra quienes ejercen su derecho constitucional a practicar su fe.
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