Líderes debaten sobre la nueva Ley de Libertad religiosa en España

“¿Qué debe incluir la nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa?”; el debate propuesto por el programa “59 segundos” de TV Española en el que participaron siete expertos representando a Europa laica, la Iglesia Católica, con arraigo en España, los judíos, musulmanes y evangélicos. Sin faltar la presencia de Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas).

En el inicio del programa se mostraron algunas unas imágenes de archivo, en las que el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, justificaba la necesidad de una nueva ley debido al cambio sociológico que se había producido en España desde 1980, año en que se promulgara la ley actual, con la multiplicación de entidades religiosas y lugares de culto lo que, a su juicio, hace «imprescindible» la reforma de la ley.

Mariano Blázquez se manifestó que con estos cambios el Estado debe declararse laico, también el Rey de España que “así como renunció a su privilegio en la designación de obispos, ahora debería renunciar al título de Rey católico (…) debe ser el rey de todos los españoles”.

Sin embargo, Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, opinó que España necesita no una nueva ley de libertad religiosa, sino una ley de libertad de conciencia. Mientras que el teólogo e historiador del Opus Dei, José Carlos Martín de la Hoz, dijo que la Iglesia Católica lo que pide es una ley de libertad de culto, libertad para rezar y libertad absoluta a la dignidad humana.

Sin embargo, Juan José Tamayo, -teólogo- enfatizó «los principios», más que los contenidos de la ley señalando que la ley debería llamarse «Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa». También opinó que la nueva ley debería garantizar una verdadera igualdad entre las religiones, la neutralidad del Estado, y la no discriminación por razones religiosas.

Aunque se debatió sobre porque el Estado sea laico y neutral, Francisco Delgado (Europa laica) se pronunció: «Ustedes no quieren que se cambie la ley porque la situación actual les favorece», les acusó a los representantes católicos. «Habría que derogar los acuerdos con el Vaticano y el Estado debiera amparar los derechos de los ciudadanos que a veces son vulnerados por las religiones», comentó.

Fuente: FEREDE Edición: Protestante Digital

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