Nínro Ruíz Peña
EE.UU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump tiene la intención de realizar otro cambio en la política del país para establecer el final de la llamada Enmienda Johnson que desde 1954, establece claramente los límites que enfrentan las iglesias americanas.
«Voy a destruir por completo la Enmienda Johnson. Permitir que los representantes de la fe hablen libremente y sin temor a represalias. Lo haré, recuérdalo», dijo Trump durante el Desayuno Nacional de Oración en Washington, sin indicar cuándo se aplicará el cambio.
La norma que debe su nombre a su principal redactor, el entonces senador Lyndon Johnson, afirma que las iglesias y otras organizaciones sin ánimo de lucro «están completamente prohibidas de participar, directa o indirectamente, o intervenir en cualquier campaña política a favor o en contra de cualquier candidato para cargos públicos electivos».
En teoría, las iglesias pueden llevar a cabo actividades políticas de carácter general y hablar de forma genérica acerca de los problemas sociales y políticos. Sin embargo, sus líderes religiosos no pueden nombrar los nombres o las preferencias partidarias.
En la práctica, los líderes religiosos dicen que la Enmienda Johnson está siendo manipulada para violar la libertad de expresión y de religión, especialmente cuando temas como el aborto o el matrimonio homosexual son abordados desde los púlpitos.
«Hoy en día, el IRS [organismo encargado de la recaudación de impuestos y multas] puede utilizar la Enmienda Johnson para decirle a los pastores acerca de lo que pueden o no pueden predicar. Esta ley tiene por objeto censurar los sermones de estos ministros, el IRS puede etiquetar sus sermones como contenido político, por ejemplo», dijo la Alianza en Defensa de la Libertad (ADF, por sus siglas en inglés).
Según el asesor de ADF, Erik Stanley, aunque la Enmienda Johnson «nunca tuvo la intención de afectar realmente a las iglesias» se ha utilizado para «intimidar» a los pastores y censurar lo que dicen en el púlpito.
«La exención de impuestos no puede basarse en el requisito de que una iglesia u otra organización sin fines de lucro renuncie a sus libertades constitucionalmente protegidas, incluida la libertad de expresión», añadió. «Los estadounidenses no necesitan que el IRS sea su árbitro».
