URUGUAY.- Un año de tramitación parlamentaria y varios meses de polémica: la ley que protege las personas trans (travestis, transexuales y transgénero) ha generado una resistencia inesperada en Uruguay, con manifestaciones, mensajes en las redes sociales y la recolección de firmas contra el proyecto.
El colectivo trans, que no llega a las mil personas, tiene el apoyo de varias decenas de asociaciones que acusan a las iglesias evangélicas de orquestar una campaña con tintes religiosos.
El proyecto de ley uruguayo, actualmente paralizado, propone medidas de discriminación para las personas trans, como el acceso a becas y puestos de trabajo estatales; también contempla que el cambio de sexo se pueda hacer en la sanidad pública de forma gratuita y facilita el cambio de identidad. Además, otorga una indemnización a las víctimas de la represión durante la dictadura (1973-1985), un grupo de unas 60 personas que recibiría una pensión de unos 350 dólares mensuales. La filosofía global de la normativa es proteger a un colectivo especialmente marginado – los trans tienen una esperanza de vida de 35 años en Uruguay – y abrir espacios laborales para que la principal opción de subsistencia de estas personas no sea la prostitución.
El capítulo más polémico tiene que ver con la autorización del cambio de sexo (tanto hormonal como quirúrgico) para los menores de edad sin el consentimiento de sus padres. La oposición del Partido Nacional (centro derecha) ha exigido que se eliminen estas disposiciones. La coalición de izquierdas en el poder, el Frente Amplio, promueve la normativa, pero ante las protestas, ha decidido suprimir la autorización de las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo para los menores que no tengan el apoyo de sus padres. El argumento principal es que en Uruguay tan solo el 1% de la población trans (tanto adulta como adolescente) se somete a este tipo de intervención.
Sin embargo, el Frente Amplio se resiste a eliminar la posibilidad de que los menores reciban tratamientos hormonales sin el apoyo familiar, ya que la legislación internacional avala el concepto de “autonomía progresiva” de los adolescentes, tanto en decisiones como el cambio de sexo como en lo referente al aborto. El cambio de sexo hormonal en menores sin autorización de la familia se practica en Uruguay desde hace unos diez años, previa autorización judicial y en el marco de un proceso médico controlado.
La llegada de una petición de 40.000 firmas contra estas medidas – una cifra considerable en un país de 3,4 millones de habitantes – ha causado sorpresa y revuelo político, especialmente cuando se supo que personas cercanas a la iglesia evangélica Misión Vida, una de las más grandes del país, presentaron la petición en el Parlamento.
La senadora Verónica Alonso, del Partido Nacional, lidera la oposición a la normativa. Alonso, que tiene como aliados varios legisladores evangélicos, no solo se opone al cambio de sexo en los menores, sino que rechaza las medidas de discriminación y las reparaciones por los abusos de la dictadura.
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[ Fuente: El País ]
