NOTICIACRISTIANA.COM- La reciente declaración, del Secretario de Educación, Miguel Cardona, sobre el cierre de la Universidad del Gran Cañón (GCU), ha desatado un torbellino de reacciones.
Durante una audiencia, en el Congreso el 10 de abril, Cardona anunció su intención, de clausurar GCU, y otras instituciones similares, lo que ha generado un fuerte rechazo, por parte de los funcionarios de la universidad.
La representante Rosa DeLauro, calificó a GCU, como una “escuela depredadora, con fines de lucro”, y Cardona respondió con firmeza, prometiendo acciones decisivas, para proteger a los estudiantes, de prácticas desleales.
DeLauro acusó a GCU, de inflar los costos de sus programas, añadiendo unos $10,000 al costo educativo, de los estudiantes, según Charisma News.
El Departamento de Educación, impuso una multa récord, de $37.7 millones a GCU en noviembre, alegando que la universidad, había engañado a más de 7,500 estudiantes, sobre los costos de sus programas doctorales.
Esta sanción supera con creces, las multas previas a instituciones, como Penn State, y Michigan State, por diferentes motivos.
GCU ha apelado la multa, y tiene 20 días, para responder a la decisión. Se espera una audiencia, en enero de 2025. Un portavoz de GCU, ha criticado los comentarios de Cardona, exigiendo una retractación, y calificándolos de “legal, y fácticamente incorrectos”.
La controversia se inscribe, en un debate más amplio, sobre la supervisión federal de las universidades, con fines de lucro. Cardona ha reafirmado el compromiso, del Departamento de Educación, con una supervisión más estricta, empleando “múltiples estrategias”, para responsabilizar a estas instituciones.
Grupos de defensa, como el American Principles Project, han intervenido, lanzando una petición para proteger las universidades cristianas, frente a lo que consideran ataques de la administración Biden.
Abuso de poder
Jon Schweppe, director de políticas de APP, ha denunciado la campaña contra las instituciones religiosas, como un “atroz abuso de poder”.
En un desarrollo relacionado, el Instituto Goldwater, ha demandado al Departamento de Educación, por negarse a publicar registros públicos, vinculados a la multa de GCU, argumentando que estos documentos, podrían revelar un ataque intencionado, basado en acusaciones débiles.
La situación sigue evolucionando, con la comunidad educativa y legal, observando de cerca los próximos pasos, del Departamento de Educación y de GCU.
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