FILIPINAS. – El gobierno de Filipinas se encuentra en una intensa lucha contra las drogas. Sin embargo, las medidas adoptadas están generando mucha controversia. El jefe de la policía de Filipinas, Ronald dela Rosa, dijo el lunes (06) que reanudarán la temática guerra contra las drogas».
De acuerdo con la agencia Terra, la intención es involucrar a los líderes de la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas para hacer la campaña «menos sangrienta». «Tenemos la intención de que este Tokhang (nombre en filipino de guerra contra las drogas) sea una campaña menos sangrienta, si no carente de sangre totalmente. Por eso invitamos a la iglesia», dijo el jefe en declaraciones difundidas por la estación de radio local», ABS-CBN.
De acuerdo con Dela Rosa, los agentes harán las acciones necesarias «acompañados por representantes de la Iglesia», con el principal objetivo de rehabilitación de adictos a las drogas y procesar a los traficantes.
«De esta manera podemos evitar acusaciones de que el Tokhang, está detrás de los asesinatos sin resolver y nuestra iglesia verá que la campaña está orientada a salvar personas y encarcelar traficantes», dijo.
El jefe de la policía confirmó la creación del nuevo Grupo de Control de Drogas, que actuará en lugar del Grupo Contra las Drogas Ilegales (AIDG), que tenía acusaciones de corrupción.
«Vamos a garantizar (los agentes DEG) no puedan abusar de la guerra contra las drogas, porque endurecemos las políticas del Tokhang. (…) No queremos que nadie participe en las operaciones sin la supervisión adecuada», enfatizó.
Gobierno es sospechoso de ordenar asesinatos
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, interrumpió la campaña contra las drogas a finales de enero con la promesa de realizar una «limpieza» en la policía nacional antes de reiniciarla.
La acción iniciada con el mandato de Duterte desde junio del año pasado, dejó un saldo de 7.080 muertos, de los cuales 2.555 fueron asesinados por la policía después de que presuntamente resistirse a la prisión, 3.603 están clasificados como «muertos bajo investigación», y 922 eran casos cerrados sin identificar a los culpables, según los datos oficiales.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional consideran que la «guerra contra las drogas» en las Filipinas es una ofensiva contra los derechos humanos de la población.
