NOTICIACRISTIANA.COM.- En las últimas horas y mediante un comunicado , el Consejo de Estado ratificó la sanción que desde la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá se le impuso al Hospital Universitario San Ignacio por desconocer varias directrices que obligan a las entidades de salud a garantizar acceso y atención oportuna a las mujeres gestantes que requieran un aborto.
El tribunal supremo aseguró que el proceso disciplinario contra el hospital se produjo luego de que una paciente, que experimentó complicaciones en su embarazo, considerara que el centro médico desconoció esas normas jurídicas.
Al bebé en gestación se le había diagnosticado hidrocefalia y cardiopatía severa por lo que la mujer y su pareja habían manifestado su intención de acudir al aborto inducido.
Sin embargo, el hospital optó por ordenar la práctica de otros exámenes de salud y continuar con el seguimiento del embarazo, a pesar de que ella también presentaba problemas de salud.
Cabe mencionar que el Hospital San Ignacio indicó que a pesar de que se confirmó el diagnóstico clínico del bebe, “no se podía determinar el nivel de riesgo de una muerte intrauterina”, por la falta de exámenes que al parecer no había autorizado la EPS.
“Se le informó que se estimaba las posibilidades de sobrevivencia de la criatura por encima del 85%”,dijo en su momento el centro asistencial.
Decisión
No obstante, los padres del bebé interpusieron una demanda y se le realizó una investigación disciplinaria que condujo a la sanción contra el hospital.
Contra esa decisión, la entidad que brinda atención hospitalaria interpuso una demanda de nulidad, buscando dejar sin efectos la determinación.
El hospital decía que su intención con la actuación que tuvo era cerciorarse de que no existían esperanzas de vida para la criatura y alegó que se violó el derecho a la objeción de conciencia.
El caso llegó a la Secretaría de Salud de Bogotá, entidad que inició un proceso disciplinario el cual culminó con una sanción contra el centro médico.
El Consejo de Estado revisó el caso y concluyó lo mismo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia, es decir que el hospital se demoró en presentar el recurso y se venció el plazo para hacerlo.
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